Todas a la cárcel!
"La moral... pertenece siempre al reino de la libertad, no al del control".
Fernando Savater
Finalmente este viernes pasado fue liberada Yasuri Zac-Nicté Pool Mayorga, una joven maya de 22 años de edad encarcelada por haber sufrido un aborto involuntario. La liberación es producto del escándalo político producido por el injusto trato que se le dio. Pero el simple hecho de que se le haya mantenido en prisión durante semanas es un indicador de las consecuencias de las nuevas leyes que, con el voto de diputados locales del PAN y del PRI, se han promulgado en algunos estados para definir la vida desde el momento de la concepción.
Yasuri Zac-Nicté Pool Mayorga vive con sus padres y sus dos hijos en el pueblo de Los Sabidos, una comunidad rural del municipio de Othón P. Blanco en Quintana Roo. El pasado 4 de octubre movió, junto con su hija, un ropero de un cuarto a otro. En la tarde empezó a sangrar. Ella misma no sabía por qué. Estaba embarazada, pero el esfuerzo realizado al mover el ropero le provocó un aborto involuntario.
Fue trasladada de emergencia e internada en el Hospital Morelos de Chetumal el mismo 4 de octubre. Ahí, alguien denunció ante la Procuraduría local que había tenido un aborto. El 6 de octubre fue detenida y acusada de homicidio doloso calificado.
Como el homicidio es un delito grave, la joven fue encarcelada antes de ser declarada culpable. En México, a diferencia de los países en que sí se respetan las garantías individuales, se aplica la presunción de culpabilidad: todos somos culpables hasta que podamos demostrar nuestra inocencia.
Sus padres vendieron lo que pudieron para pagar un abogado que poco o nada hizo ante una amenaza de sentencia de hasta 30 años de cárcel. Su caso fue tomado entonces por la Fundación Pro-Mujer de Quintana Roo, que empezó a darlo a conocer en el país y en el mundo. Esto hizo que las autoridades quintanarroenses se echaran para atrás en su salvajada.
La acusación era posible porque Quintana Roo es uno de los estados que ha definido que la vida empieza en la concepción. Esta modificación hace que cualquier aborto sea considerado un homicidio, incluso si la mujer ha sido violada o si su vida corre peligro. Como vemos en el caso de Yasuri Zac-Nicté, las mujeres pueden ser incluso encarceladas por sufrir un aborto involuntario, mientras demuestran si éste realmente fue espontáneo.
Para los policías y jueces de México esta nueva legislación es una magnífica excusa para no enfrentar a los verdaderos criminales. Siempre es más fácil detener y juzgar a una mujer indígena por haber sufrido un aborto que procesar a los integrantes del crimen organizado. Hoy los policías y los jueces pueden decir que hay menos impunidad porque están encarcelando a mujeres como Yasuri Zac-Nicté. Para qué arriesgarse a detener a un violador peligroso cuando la ley permite encarcelar, sin despeinarse siquiera, a la mujer violada que ha abortado.
El aborto es siempre una tragedia. Hay que tomar medidas para reducir su incidencia y la forma más eficaz es promover el conocimiento de las técnicas de anticoncepción. Pero, tristemente, los mismos grupos moralistas representados por los diputados del PAN y el PRI que han impulsado estas nuevas leyes se oponen o no se interesan en promover medidas que reduzcan el número de embarazos indeseados.
Yasuri Zac-Nicté ha sido liberada por la presión política de grupos que defienden los derechos de las mujeres. Pero no podemos seguir permitiendo que estos casos se acumulen. De una vez por todas debemos echar para atrás estas leyes que sólo buscan encarcelar a mujeres que han sufrido la tragedia de decidir la terminación de su embarazo.
debate.com.mx
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