Y para más inri defienden a los pederastas, destaco el párrafo final donde lo dice:

Las organizaciones que desinforman y fuerzan embarazos no deseados en pequeñas, acaban protegiendo a los pederastas que saldrán libres porque los jueces persisten en la ratificación de las denuncias. A veces, incluso el agresor vuelve a la casa con la niña embarazada, lamentó.








Denuncia DH parcialidad y prejuicios en violación a menores
Por Adriana Varillas el 19 de Abril de 2010 relacionada con Asuntos Públicos.
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Piden intervención de las Naciones Unidas
Activistas en pro de los Derechos Humanos en México, denunciaron la parcialidad y prejuicios en la atención de casos de violación a menores de edad, por parte del Sistema Integral para la Atención a la Familia (DIF) en Quintana Roo y llamaron al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en inglés) a intervenir en el caso.

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la Red de Abogadas y Abogados por la Defensa de la Reproducción Elegida (RADAR-4), el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS) y el Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM Cancún), informaron que anualmente el DIF estatal encierra y forza a niñas de entre 9 y 13 años a llevar a término embarazos producto de violación perpetrada por padrastros, abuelos, tíos o conocidos de las víctimas.

Solamente durante el 2009, según datos de la Secretaría de Salud del estado, se denunciaron 881 casos de menores embarazadas por violación (73 por mes), citaron.

El caso reciente de una pequeña de 10 años, violada en la zona Maya de Quintana Roo, y forzada a llevar a término un embarazo de alto riesgo, convocó a las agrupaciones civiles en Casa Lamm, en la Ciudad de México, para pedir la intervención de la UNICEF y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El triple de abusos contra menores


De acuerdo con los datos que aportaron, el estado registra un índice tres veces mayor a la media nacional en casos de abuso sexual infantil, conforme al propio UNICEF y a la Red Internacional Contra la Explotación y Tráfico Sexual Comercial de la Infancia (ECPAT, por sus siglas en inglés).

Según ambas fuentes, el estado figura como receptor de turismo sexual infantil y productor de pornografía de infantes, para fines comerciales.

En Quintana Roo las niñas violadas son sometidas en promedio a 9 y 12 interrogatorios donde se les exige demostrar que fueron abusadas. La carga de la prueba recae sobre las menores aumentando el Síndrome de Estrés Postraumático, se explicó.

Asimismo, denunciaron que el grupo ultraconservador Provida, interviene de forma sistemática en el DIF local, para negar el derecho de las niñas y sus madres o tutores a decidir si desean o no, interrumpir de forma segura embarazos de alto riesgo por su edad, condición socioeconómica y por haber sido violadas.

Las autoridades de Quintana Roo desdeñan esta situación. No cumplen la Norma Oficial Mexicana sobre Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, afirmaron representantes de GIRE.

La norma oficial mexicana 046 establece los criterios para la prevención y atención, así como la responsabilidad y obligaciones del personal de salud de atender a niñas y mujeres que han sufrido violencia sexual.


Píldora de emergencia


Entre otros elementos, indica que se debe proporcionar anticoncepción de emergencia para evitar un posible embarazo forzado.

En el marco del consentimiento informado, el personal de salud está obligado a proporcionar información completa y suficiente, incluyendo la relativa a los riesgos para la interrupción legal del embarazo, como de los riesgos de llevar el embarazo a término, tanto a menores de edad como a mujeres adultas, sostuvieron.

Martha Lamas, especialista en materia de reproducción elegida, manifestó que la niña de 10 años que enfrenta un embarazo de 17 semanas, fruto de una violación, destapó el procedimiento sesgado del DIF, que asustó y amenazó a la madre de la pequeña víctima, asegurándole que su hija podría morir si interrumpía legalmente su embarazo en un hospital especializado.

A la madre se le informó que si abortaba le podrían perforar el útero a su niña y dejarla incapacitada para tener hijos en su vida adulta, expuso la activista.

En días pasados, el Centro de Estudio y Formación Integral de la Mujer (CEFIM) en Quintana Roo, acusó que activistas de los derechos humanos, a quienes llamó promotoras del aborto, ejercían presión sobre la pequeña, para que interrumpiera su embarazo.

Ayer, durante la conferencia de prensa, la periodista Lydia Cacho, quien preside el CIAM Cancún, aclaró: No estamos diciendo que todas las niñas embarazadas deben abortar, nadie debe imponer sus ideas sobre las víctimas. Lo que estamos exigiendo es una atención especializada multisectorial a las niñas violadas y que se les dé a sus madres o tutores la información completa de cuáles son sus opciones en caso de un embarazo impuesto por violación.

En tanto, Martha Lamas habló sobre los peligros y altos índices de mortalidad por embarazos infantiles; explicó que según la ley, tanto las niñas como sus madres o tutores deben saber que las víctimas tienen derecho, en cuanto denuncian, a recibir tratamiento para prevenir un embarazo por violación; y que tienen derecho a recibir atención especializada para interrumpir el embarazo hasta de 19 semanas en caso de que la vida de la niña corra peligro.

Que en caso de que elijan proseguir con el embarazo tienen derecho a darlo en adopción legal y derecho a recibir atención médica especializada y cuidados posteriores al parto, dijo.

Cacho Ribeiro añadió que no se trata de imponer o evitar un aborto, sino de cumplir la ley y anteponer, ante todo, el derecho de las víctimas a un tratamiento seguro psicológico y médico para que la víctima tenga un futuro sano.


Las cifras


Mario Luis Fuetes ex director del DIF nacional e integrante de CEIDAS, aseguró que el DIF ha perdido su misión y deja en una terrible indefensión jurídica a las niñas y adolescentes violadas.

Indicó que el 9 por ciento de los menores violados son varones, y el resto niñas. En ambos casos, subrayó que reciben una atención poco profesional, se ven obligados a dejar sus estudios hasta por dos años o el tiempo que la autoridad les mantenga encerrados en las casas de atención.

De las mil 287 víctimas de violación que se denunciaron en 2009, el ministerio público solamente consignó 251 casos.

Lydia Cacho citó que de cada 100 víctimas de violencia sexual en Cancún, solamente 22 denuncian ante las autoridades, el resto pide ayuda a otras instituciones.

La probabilidad de ser sentenciado por cometer un delito sexual en Quintana Roo es de 1 en 200, según el Observatorio de la Violencia, expuso.

Basada en el Estudio Criminológico de violencia sexual en Benito Juárez, elaborado por el Observatorio de Violencia, dijo que los ministerios públicos del estado siguen utilizando técnicas de mediación y reconciliación para evitar que las víctimas de violación prosigan con la denuncia. Se les incita a perdonar a los agresores, mencionó.

El 49 por ciento de las víctimas sufren de trastornos de sueño terrores nocturnos y depresión con pensamientos suicidas.

De 177 presos por violación en Cancún solamente el 20 por ciento han recibido sentencia. Un caso emblemático es el del pederasta confeso y productor de pornografía infantil Jean Succar Kuri, cuyos abogados insisten en someter a sus víctimas, esta misma semana, a un careo frente a su violador, a pesar de que el periodo de pruebas ha concluido y está confeso, expresó.

Detalló que cada juicio se lleva entre 2 y 6 años y se somete a las menores a una forma de violencia de estado, al impedirles superar el trauma de los abusos.

En los casos de niñas embarazadas por sus padrastros, padres, tíos o abuelos violadores, cuyas madres deciden que prosigan con el embarazo, las niñas que logran entender que el padre de su bebé es el violador a quien acusan, se niegan a seguir los procedimientos penales, ya que los jueces de Quintana Roo exigen careos y visitas de las menores a la cárcel en donde se encuentran los juzgados, aseveró.

Para la también escritora, los dobles mensajes resultan traumáticos, pues las niñas se sienten responsables de la violación y ven el embarazo como un castigo.

Las organizaciones que desinforman y fuerzan embarazos no deseados en pequeñas, acaban protegiendo a los pederastas que saldrán libres porque los jueces persisten en la ratificación de las denuncias. A veces, incluso el agresor vuelve a la casa con la niña embarazada, lamentó.